Raúl Prellezo. Investigador Principal de AZTI

Los totales admisibles de capturas (TACs), son la principal medida de gestión pesquera en las aguas atlánticas de la Unión Europea. En contraste, en el Mediterráneo, las posibilidades de pesca se gestionan mediante limitaciones de esfuerzo. En ambos casos, y como establece la Política Pesquera Común (PPC), el objetivo de gestión reside en modular las capturas para dirigir la biomasa de cada uno de los stocks de peces hacia el rendimiento máximo sostenible (RMS); esto es, la captura máxima que puede soportar una población de peces a largo plazo.

Tras la recopilación y obtención de datos pesqueros y biológicos, los organismos científicos colaboran para evaluar el estado actual de explotación y los límites de explotación que no se pueden sobrepasar, y con esta información definen un consejo de gestión que asegure una explotación orientada al RMS. El consejo científico está sujeto a una gran incertidumbre, ya que contar peces es como contar árboles, con la diferencia de que los peces no se ven y además se mueven. Además, factores como el cambio global acelerado, incluyendo el climático, provocan variaciones adicionales en las poblaciones difíciles de prever. Ante esta incertidumbre, el consejo de gestión está obligado por la PPC a incorporar criterios de precaución.

Tomando como base este consejo científico, y tal como establece el Tratado de Funcionamiento de la UE, la Comisión Europea realiza una propuesta de TACs o de límites de esfuerzo, siendo el Consejo Europeo (AGRIFISH) el que finalmente toma la decisión final. Las posibilidades máximas de pesca se reparten entre cada Estado miembro en base al principio de estabilidad relativa que no es más que un porcentaje fijo del TAC, e igual todos los años, para cada uno de ellos (la cuota). Cada Estado miembro reparte luego sus cuotas entre las flotas nacionales.

Si bien todas las partes (incluido el sector pesquero) coinciden en que la sostenibilidad es deseable, la fecha en la cual se debe alcanzar es determinante en esta toma de decisiones. La PPC estableció el objetivo de alcanzar el RMS para todos los stocks en el 2020, plazo que se extendió para el Mediterráneo hasta el año 2025. Así, con el objetivo de llegar a esa fecha, las reducciones en las posibilidades de pesca anuales pueden ser más o menos drásticas.

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Este año, la flota arrastrera española en el Mediterráneo habría sido la más afectada por la propuesta de la Comisión, que proponía una reducción del 79% en los días de pesca, según lo calculado por los organismos científicos para alcanzar el objetivo de gestión en 2025 (el RMS para todos los stocks de peces). Esta propuesta reduciría las jornadas en el mar de un máximo de 130 en 2024 a solo 27 en 2025, lo que tendría un impacto social y económico muy significativo. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en el AGRIFISH permite que sobre esta reducción inicial se pueda llegar hasta 104 días de pesca si los barcos aplican medidas técnicas más selectivas.

¿Y en el Atlántico? El resultado es desigual. Los stocks del Cantábrico noroeste ven, en general, aumentadas sus posibilidades de pesca, mientras que los stocks más norteños, muchos de ellos compartidos con el Reino Unido (chicharro y merluza) además de, con Noruega, Islandia e Islas Faroe (verdel), han visto reducidas sus posibilidades de pesca. Además, en estos casos, al tratarse de países fuera de la UE, el reparto en cuotas nacionales ya no responde al principio de estabilidad relativa sino a unas negociaciones multilaterales.

Cuando se escuchan las noticias de descenso en las posibilidades de pesca, se habla muy poco de la situación de los stocks. Si el consejo es de descenso, es, porque la situación de los recursos no es la adecuada para asegurar alcanzar los objetivos de gestión y es, en general, la base para la propuesta de la Comisión Europea. Se habla de la consecuencia, pero no de la causa. En todo este proceso, hay que entender que el asesoramiento científico no se basa únicamente en la conservación, sino en objetivos de gestión previamente definidos por representantes políticos. Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la pesca, es crucial mejorar la robustez del consejo científico; especialmente frente a la incertidumbre generada por el cambio global e incorporar criterios económicos y sociales. Sin embargo, en este momento son pocas las personas encargadas de dar respuesta a estos desafíos científicos. España representa el 25% del valor añadido de la pesca en la UE. Así, la aportación al consejo científico debe ser reflejo de la importancia de la pesca en España, garantizando no solo que la pesca sea sostenible a largo plazo, sino que los recursos humanos y financieros para generar el consejo científico también lo sean.

Artículo de opinión publicado en EL CORREO

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